La chanchullopedia
Esta fue una de esas ideas que le alteran a uno los planes que tiene para la vida. Llegó de madrugada, mientras conducía con Ludovico Einaudi por la provincia: cruzar las adjudicaciones de contratos públicos con las listas de candidatos políticos. Casi amanecía cuando llegué a casa, listo para entregarme durante varios meses a un instinto. El experimento fue en 2020 y la onda expansiva consiguiente todavía me sorprende. Rescato ahora este texto que había quedado en el cajón. Es una sarcástico prospecto farmacéutico que para esta nueva medicina escribí durante aquellos divertidos días.
La chanchullopedia es un innovador tratamiento para los problemas de transparencia en las adjudicaciones de contratos de todo tipo de gobiernos.
Específicamente indicada para responsables políticos, esta novedosa terapia ha sido probada con éxito en varias especies del género Caciqus Políticus Cantábricus: diputados del Parlamento de Cantabria, directores generales del gobierno autonómico y gerentes de empresas públicas.
El tratamiento consta de dos fases, comenzando la primera con una terapia de choque inductiva en la que se busca enfrentar al responsable político a sus propios miedos y temores a la transparencia. En el particular caso del Gobierno de Cantabria, el ciudadano puede constatar que el portal institucional de transparencia es una castaña específicamente diseñada para que quien se hace preguntas no halle respuestas.
El aguerrido autor de esta investigación ha encontrado un resquicio técnico en dicho portal institucional y lo ha empleado para arramplar con los datos de más de 25.000 contratos licitados por el gobierno regional y sus organismos autónomos. Con ellos, y al amparo de la reciente Ley 1/2018, de Transparencia de la Actividad Pública en Cantabria, el autor ha construido y publicado un portal indie alternativo que proporciona a toda la ciudadanía un acceso efectivamente transparente a lo que el portal institucional oculta: contratosdecantabria.es.
La luz no se ve, escribió Gabriel Aresti. Fotografía de Josh Nuttall.
El principio activo en esta primera fase del tratamiento es la frustración del autor con la opacidad del gasto público y la arbitrariedad en algunas adjudicaciones, donde priman más razones políticas o personales que el interés público. La ciencia de datos, un robot de scraping y el conocimiento tecnológico completan la fórmula.
En la segunda fase del tratamiento los datos de las adjudicaciones de contratos son cruzados informáticamente con las listas electorales de todas las candidaturas políticas. Porque La chanchullopedia es un compendio de abusos y corruptelas que no entiende de ideologías, siglas ni colores.
Para esta finalidad el autor ha programado un desarrollo de software que extrae de los registros oficiales publicados por el Ministerio del Interior el nombre de un millón de políticos y candidatos que han concurrido a las diversas citas electorales en España desde 1976. Si bien La chanchullopedia nace con vocación universal, en esta fase del estudio se han empleado solamente las candidaturas de Cantabria.
Armado con ambas cosas —25.766 contratos y 986.402 candidaturas— y tras desarrollar un sofisticado algoritmo de cruce de datos, el autor ha aflorado 236 adjudicaciones por importe de 1,3 millones de euros, que 80 candidatos cántabros han recibido recientemente mediante el procedimiento del contrato menor, una figura legal poco fiscalizada que faculta a los gestores públicos para adjudicar obras y servicios digitalmente (es decir, a dedo).
La clasificación regional ha sido elaborada en el verano y el otoño de 2020, si bien el autor acaba de publicar la colección #primavera2021, que incorpora nuevos chanchullos detectados por los robots desarrollados. La investigación así desarrollada descubre que el actual bipartito en el Gobierno de Cantabria ha repartido casi un millón de euros en contratos menores a sus propios candidatos.
La segunda fase del tratamiento consiste en conferir visibilidad pública a los hallazgos de La chanchullopedia. El razonamiento del autor es el siguiente: solo si esto aquiere visibilidad y tiene un impacto en la opinión pública dejarán desde la política de producirse estos abusos.
Pero Cantabria es una realidad social de plato informativo único: el diario hegemónico en la región, El Diario Montañés, copa el 93 % del consumo regional de prensa escrita según el Estudio General de Medios. Una cifra que multiplica por diez la del segundo periódico más leído. En la práctica, esto significa que lo que no sale en El Diario Montañés, no existe.
Que los sainetes montañeses de La chanchullopedia hayan tenido repercusión en medios nacionales pero no hayan encontrado espacio en las páginas de El Diario Montañés salvo cuando han arribado al Parlamento regional, por supuesto no tiene ninguna relación con que el diario haya recibido contratos por valor de más de 935.000 euros del Gobierno de Cantabria, a los que es preciso sumar aún ayuntamientos y empresas públicas.
Y es que cuando no hay una sana pluralidad informativa la ciudadanía queda a merced de la propaganda institucional de los sucesivos gobiernos. Y del manso asenso de un periodismo condescendiente y acrítico que se sabe indispensable para la gobernanza de una región, Cantabria, donde de facto solo existe un único periódico. Una hegemonía mediática propia de una sociedad anestesiada.
El autor ha logrado sortear este silencio informativo local utilizando su cuenta de Twitter, que ha ganado la confianza de 42.000 seguidores en los últimos meses y se halla próxima a alcanzar la audiencia en este medio del propio Gobierno de Cantabria, dejando definitivamente atrás a iconos de nuestro país como José Luis Perales, que no llega a treinta mil.
Empleando el software desarrollado y este innovador tratamiento el autor ha logrado aflorar y exponer casos como el de Jorge, director general de Juventud del Gobierno de Cantabria cuando adjudica 18.000 euros de dinero público a su compañero de partido y antecesor en el cargo. Se presentan tres ofertas que, oh, son de tres particulares conchabados.
O como el del marido de la directora general de Pesca y Alimentación, beneficiario de más de 375.000 euros en contratos públicos. Algo que no habría necesariamente de merecer reproche de no ser porque en algunas adjudicaciones el empresario compite consigo mismo empleando para ello varias sociedades.
O como el de la compañía farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK), que dona 28.000 euros al gobierno en abril y en mayo se presenta a un concurso de 1,6 millones de euros en el que resulta finalmente adjudicataria de varios lotes que suman medio millón de euros más impuestos.
O como el de una extraña empresa extranjera que dona 200.000 euros al gobierno. Se trata de una sociedad instrumental completamente desconocida. Los tuits del autor provocaron la comparecencia del presidente del gobierno autonómico en el Parlamento de Cantabria. A día de hoy sigue desconociéndose quién ha donado dicha cantidad y por qué ha empleado para ello una sociedad pantalla en una jurisdicción opaca.
O como el más reciente de Luis Emilio, un constructor que en enero constituye una sociedad limitada, en febrero se presenta a alcalde por un partido, y en diciembre ha facturado 166.000 € en obras públicas adjudicadas por otros alcaldes y las consejerías gobernadas por sus compañeros de partido.
O como el de José Luis, otro constructor repartido entre la obra pública y la política, que escala catorce posiciones en la clasificación y suma ya 119.350 euros en adjudicaciones de sus compañeros de partido, la mayoría en tres contratos menores adjudicados en solo quince días y con exactamente el mismo objeto. Algo que podría parecer un fraccionamiento de contrato… pero por supuesto no lo es pues tal cosa sería absolutamente ilegal.
Como efectos secundarios de este tratamiento de choque contra la opacidad en las instituciones y la investigación del autor cabe mencionar un debate en el pleno del Parlamento de Cantabria; la propuesta también en sede parlamentaria de bautizar con su nombre una nueva y mejor ley de transparencia; o un exhaustivo análisis sobre el milagro de la multiplicación de panes y peces en la comunidad autónoma.